La Contraloría General de la República identificó a nueve funcionarios y servidores públicos de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) como presuntos responsables de un perjuicio económico ascendente a S/ 14 887 624.29, ocasionado por graves irregularidades en la ejecución del proyecto de defensas ribereñas de la quebrada San Carlos, en la región La Libertad. La obra forma parte del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) y tiene una inversión actualizada, a noviembre de 2025, de más de S/ 375 millones.
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 25665-2025-CG/MPROY-AC, que evaluó el periodo comprendido entre abril de 2021 y junio de 2025, las anomalías se originaron desde la etapa de diseño y gestión contractual. El proyecto se ejecuta bajo el Contrato NEC3 Opción F, suscrito el 8 de abril de 2021, e incluye, entre otros, el Paquete 4B, referido a las estructuras de conducción de la quebrada San Carlos, y el Paquete 5, correspondiente a la Estructura de Protección del río Moche.
Uno de los principales hallazgos es la suscripción irregular de la Sumisión Formal n.° 4 entre el gerente de Proyecto y el contratista, que dio lugar a la Instrucción n.° 7 y al Evento Compensable EC-ARCC1. Esta decisión se adoptó sin sustento técnico ni contractual, pese a que la optimización del diseño era una obligación expresa del contratista. Ello permitió reconocer 245 días calendario adicionales al plazo del diseño final y evitó la aplicación de penalidades por S/ 2 956 047.50, generando un perjuicio directo para la entidad.
Otro punto crítico fue la aceptación del Evento Compensable n.° 50 (EC50) durante la ejecución del Paquete 4B, a pesar de que el contratista presentó un diseño defectuoso que no identificó interferencias en predios de una empresa agroindustrial. Además, omitió evaluar alternativas por tramos y no alertó oportunamente sobre restricciones de acceso, comunicando el riesgo casi dos años después. Pese a que estas interferencias eran previsibles y estaban contempladas como riesgos a cargo del contratista, la ANIN aceptó el evento bajo la causal de “condición física inesperada”, reconociendo 498 días adicionales y un monto extra de S/ 6 806 169.35.
La Contraloría también detectó un incremento injustificado de costos tras la modificación del subcontrato del Paquete 4B, particularmente en el canal Conducción Galindo, que atraviesa terrenos privados. La reducción de alcance fue aceptada sin sustento técnico ni contractual y derivó en una nueva subcontratación que elevó el costo de ejecución a más de S/ 101 millones sin IGV, además de ampliar el plazo en al menos nueve meses respecto a la alternativa más eficiente.
A ello se suma el pago indebido de S/ 5 125 407.44 por gastos generales no incurridos, reconocidos como costos reales en contravención del Contrato NEC3 Opción F. Asimismo, se tramitó irregularmente la FCR 114 como cambio sustancial, lo que permitió emitir la Instrucción 64 y notificar el Evento Compensable 52, pese a que el rediseño obedecía a errores del contratista. Esta decisión generó el riesgo de reconocer incrementos adicionales por S/ 40 686 592.40 y 160 días más de plazo, vulnerando los principios de eficiencia y economía en la gestión pública.
El informe concluye que nueve funcionarios y servidores de la ANIN tendrían presuntas responsabilidades: ocho administrativas, tres penales, tres administrativas sujetas al Procedimiento Administrativo Sancionador de la Contraloría y dos civiles. La Contraloría ha recomendado iniciar las acciones legales y administrativas correspondientes, mientras el proyecto —clave para mitigar riesgos de inundaciones en La Libertad— continúa marcado por retrasos, sobrecostos y cuestionamientos a su conducción técnica y contractual.
