La Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a quien se le acusa de haber incurrido en el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público, en agravio del Estado.
La acusación, presentada a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, se basa en la designación de María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de La Libertad, pese a que, según la Fiscalía, no cumplía con los requisitos legales para el cargo.
En el comunicado oficial, el Ministerio Público detalló que también se han remitido copias certificadas de la carpeta fiscal respecto a la investigación que involucra a Olórtegui Risco, señalada por la presunta aceptación ilegal de cargo público. Además, estarían bajo investigación los funcionarios administrativos de la Defensoría del Pueblo que habrían participado en este proceso de contratación.
Gutiérrez responde a la acusación
Desde la sede de la Defensoría, Josué Gutiérrez rechazó categóricamente la denuncia, asegurando que el nombramiento cuestionado se realizó conforme a ley y en base a criterios técnicos objetivos. Afirmó que la funcionaria designada cumplía con los años de experiencia exigidos por el Manual de Clasificación de Cargos y la Ley de Idoneidad.
“La documentación ha sido verificada y está a disposición de la opinión pública. No se puede dañar el prestigio de una institución que vela por los derechos fundamentales”, sostuvo.
Gutiérrez también informó que ha acudido de forma voluntaria al Ministerio Público como parte de las diligencias preliminares y reiteró su compromiso con la transparencia. “No tenemos nada que ocultar. Toda la documentación será entregada a la prensa”, puntualizó.
