La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) cuestionó que el gobierno, como parte de las medidas para garantizar el estado de derecho, haya suspendido por 30 días todas las actividades mineras, incluida la minería formal, en los distritos de Pataz, Palcoy y Tayabamba (región de La Libertad).
La medida, según el gremio, afectará la economía, la seguridad operativa y miles de empleos, sin resolver el problema de la minería ilegal. Con ello, las empresas formales se convierten en víctimas de la minería ilegal y de la inacción estatal, que no ha sabido enfrentar esta actividad ilícita.
Aunque el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, afirmó que la medida no afectará a las empresas formales, aún no se ha publicado la normativa correspondiente.
De acuerdo con el gremio empresarial, la paralización generará pérdidas mensuales de 25 millones de soles por canon y regalías para La Libertad. Esta región aporta el 33 % del oro nacional. Asimismo, las exportaciones perderán más de 80 millones de dólares al mes, y más de 4,000 trabajadores directos e indirectos dejarán de trabajar con la implementación de la suspensión de labores. Esto no solo les impedirá recibir sueldos, sino que provocará la ruptura de la cadena de pago a contratistas, pequeños negocios y comunidades locales.
Detener abruptamente las operaciones formales, según la Sociedad, pone en peligro infraestructuras críticas, como presas de relaves, que requieren monitoreo constante. «Una unidad minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Sin mencionar otros riesgos, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que controla estos sistemas de bombeo», precisó.
No solo eso: la medida facilitará que grupos ilegales tomen el control de galerías mineras de las empresas formales.
Asimismo, observó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por su poca capacidad para gestionar la formalización minera, y al Congreso por promover normas que encubren actividades ilegales, como la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que ha servido para encubrir las actividades de los mineros ilegales.
Además, demandó al gobierno nacional a distinguir entre minería legal e ilegal, ya que las operaciones formales están georreferenciadas y dispuestas a colaborar con las autoridades. Entonces, paralizar lo formal no combate la ilegalidad; solo agrava la crisis.
