El Ministerio Público investiga a dos policías en actividad que estarían detrás de la empresa de seguridad R & R, donde trabajaban los 13 vigilantes asesinados en el anexo Pueblo Nuevo, en Pataz, región La Libertad. Este hecho ocurrió en medio de conflictos relacionados con la minería ilegal.
Según informó el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, la empresa R & R daba servicios de seguridad a mineros artesanales que trabajaban con la minera Poderosa. Un testigo protegido reveló que esta empresa era manejada por los policías Jean Paul Bastidas Rodríguez y Franklin Pérez Vargas, lo que complica aún más el caso.
“Según la información con la que contamos, es que una empresa de seguridad R y R se encargaba de dar custodia a mineros artesanales que tienen a la vez un contrato con Poderosa (…) Según la información de parte del fiscal de Pataz, de parte de un colaborador, una persona con identidad reservada, esta empresa R y R está dirigida por dos policías en actividad (…) Es un tema delicado de investigar porque hay agentes policiales en actividad metidos en actividad minera en Pataz”, indicó Bringas a un medio de comunicación.
Empresa informal
R & R no estaría registrada oficialmente y habría operado de forma irregular, incluso bajo amenazas. También estaría relacionada con la minera LICMARSAC, cuyo representante legal es Segundo Nicolás Cuevas Rojas.
De acuerdo a la investigación fiscal, entre los operadores de esta empresa informal estarían personas conocidas por los alias de “Técnico”, “Piscis” y “Norteño”.
Además, se supo que otra empresa, llamada Libman, habría contratado a R & R para brindar protección a sus mineros, un dato clave para esclarecer el crimen que ha conmocionado a la región.
Las autoridades siguen investigando este caso, que podría revelar vínculos entre policías en servicio y redes ilegales vinculadas a la minería informal.
