Trece jóvenes mineros fueron asesinados en la provincia de Pataz, región La Libertad, en un crimen que el Estado y las autoridades intentaron ignorar. Lo más grave: las ejecuciones ocurrieron hace más de una semana, pero durante días se negó el secuestro, se desmintieron denuncias y se descartaron pruebas contundentes.
Los trabajadores, de entre 19 y 30 años, desaparecieron el sábado 26 de abril. Desde el inicio, sus familiares denunciaron públicamente un secuestro perpetrado por bandas armadas que operan en la zona. Sin embargo, ni la Policía ni el Gobierno actuaron. La empresa minera La Poderosa, que trabaja con la contratista R&R —empleadora de los mineros—, también negó que fueran sus trabajadores y descartó cualquier incidente.
Asesinados hace una semana
Poco después del hallazgo de los cuerpos, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se muestra cómo los responsables del secuestro de los 13 mineros en Pataz los ejecutan con disparos al cuello. En el material se aprecia que las víctimas estaban completamente desnudas y con las manos atadas. Según se informó, el video habría sido entregado a la Policía por los propios familiares de los fallecidos.
“Ese video lo teníamos desde hace dos o tres días. La Policía también lo tiene. Desde mi punto de vista, ellos ya sabían todo esto. La propia minera también estaba al tanto. Los familiares de los secuestrados… ellos fueron asesinados hace una semana, eso no ocurrió hoy. Nosotros, por nuestras fuentes, le comunicábamos a la Policía dónde estaban, pero no hacían caso, se hacían de la vista gorda”, declaró un familiar a un medio local.
El 30 de abril ya circulaban videos que mostraban a los mineros atados, vendados y siendo ejecutados dentro de un socavón. Pese a esta evidencia estremecedora, el general Guillermo Llerena, jefe policial de la región, aseguró que el video no estaba vinculado con ningún hecho confirmado. El premier Gustavo Adrianzén, en conferencia de prensa, declaró que no había información oficial sobre un secuestro.
Guillermo Llerena, jefe de la Policía de La Libertad, indicó el miércoles 30 de abril, antes del mediodía, que también había recibido los videos, pero que no se podía confirmar su autenticidad ni vinculación con los hechos. Afirmó, además, que se había desplegado un equipo de búsqueda para localizar a los mineros. Sin embargo, esto nunca ocurrió, ya que para entonces ellos ya habían sido asesinados.
No fue sino hasta el 2 de mayo que la minera finalmente reconoció que los mineros asesinados sí eran parte de su operación. Para entonces, los cuerpos ya habían sido hallados y el país se enfrentaba a una nueva masacre que pudo haberse evitado.
Los familiares denuncian abandono, encubrimiento y lentitud, mientras el país se pregunta: ¿cuántas muertes más se necesitan para que el Estado reaccione?
Acciones del Gobierno
La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció una serie de medidas excepcionales tras la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, región La Libertad, a manos de presuntas organizaciones criminales ligadas a la minería ilegal.
Durante una conferencia de prensa, Boluarte confirmó la implementación de un toque de queda en el distrito de Pataz, que regirá desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. La medida busca restablecer el orden público y prevenir nuevos actos de violencia en una zona donde operan grupos armados ilegales.
Como parte del plan de intervención, el Ejecutivo también dispuso la instalación de una base militar en el distrito, con el despliegue total de las Fuerzas Armadas para recuperar el control territorial. «Solicitaremos al Congreso facultades legislativas para enfrentar el terrorismo urbano», anunció Boluarte, aludiendo al nivel de violencia desatado en la zona.
Además, el Gobierno decretó la suspensión de toda actividad minera por 30 días en la provincia de Pataz. Durante este plazo se procederá a la exclusión de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que se encuentren en condición de suspendidos. La presidenta exhortó a las empresas a no subcontratar sus concesiones, ya que esto dificulta el control del Estado sobre las operaciones extractivas.
La mandataria también se pronunció críticamente respecto al papel del Ministerio Público, al que acusó de liberar a delincuentes capturados por la Policía Nacional. “Capturamos a los delincuentes y los ponemos a disposición del Ministerio Público, pero ellos los liberan”, declaró.
Víctimas de la masacre en Pataz
| # | Nombre completo |
|---|---|
| 1 | Jefry Stiven Padilla Hidalgo |
| 2 | Juan Joel Ñaupari Salva |
| 3 | Yobal Martínez García |
| 4 | César Rospigliosi Arellano |
| 5 | Franklin Facundo Inga |
| 6 | Jhon Facundo Inga |
| 7 | Frank Monzón Valeriano |
| 8 | Nilver Pérez Chuquipoma |
| 9 | Josué Carbonel Beltrán |
| 10 | Wilmer Chávez Mijahuanca |
| 11 | Darwin Coveñas Panta |
| 12 | Deyther Domínguez Ramírez |
| 13 | Mego Yumbato Huancho |
