En los pasillos del Congreso retumba un viejo eco de escándalos que parece no agotarse: el nombre de Alianza para el Progreso (APP) vuelve a figurar en medio de cuestionamientos, ahora por el escándalo que envuelve al recién creado Centro de Modalidades Formativas. Lo que debió ser un espacio para impulsar prácticas profesionales se ha convertido en símbolo de favoritismo y manejos políticos.
Todo estalló cuando se reveló que Yessenia Lozano Millones, militante de APP y cercana a César Acuña, lidera esta oficina. Con apenas estudios técnicos y sin un título universitario, Lozano cobra más de S/19,000 al mes, un salario reservado para funcionarios altamente calificados. La información salió a la luz gracias a una investigación periodística que puso en evidencia no solo su falta de experiencia, sino también las sospechas de que su cargo fue creado exclusivamente para beneficiarla.
Una red de lealtades
La polémica no termina con Lozano. Dentro del mismo centro, otros miembros de APP, como Ruth Melisa Leyva García, también disfrutan de abultados sueldos. Con formación en Psicología y Gestión de Talento Humano, Leyva recibe cerca de S/11,000 mensuales, mientras los reglamentos internos del Congreso plantean requisitos mucho más estrictos para esos cargos.
En los pasillos parlamentarios se murmura que el Centro de Modalidades Formativas no cumple realmente su propósito formativo, sino que opera como una suerte de agencia de empleos interna para favorecer a militantes y allegados de APP.
La sombra persistente del mochasueldos
Esta situación recuerda inevitablemente a uno de los escándalos más sonados dentro de APP: el caso de Magaly Ruiz. La congresista fue acusada de exigir a sus trabajadores devolver parte de sus sueldos para financiar una «caja chica» destinada a cubrir gastos personales y de campaña. Según las investigaciones, quienes se negaban eran amenazados con ser despedidos.
A pesar de los indicios, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó la denuncia en su contra, desatando críticas sobre el presunto «blindaje» político dentro del Congreso. Además, se conoció que Ruiz habría buscado favores de un fiscal a cambio de emplear a su hermano en su despacho, sumando más sombras sobre su actuación.
Opacidad y silencio
Intentar obtener explicaciones de las autoridades involucradas ha resultado casi imposible. Tanto Yessenia Lozano como los voceros de APP, incluyendo a Eduardo Salhuana, han evitado pronunciarse.
Como si fuera parte de una estrategia, en paralelo, se ha restringido el acceso de la prensa a varias oficinas parlamentarias, alimentando aún más la percepción de que hay algo que ocultar.
La situación ha encendido las alarmas no solo en sectores políticos, sino también en la ciudadanía, que observa cómo fondos públicos, destinados a impulsar a jóvenes profesionales o a pagar salarios dignos, parecen ser utilizados para pagar favores políticos dentro de una estructura partidaria cada vez más cuestionada.
Mientras la transparencia sigue brillando por su ausencia, la pregunta queda en el aire: ¿hasta cuándo los escándalos seguirán marcando la historia reciente de APP?
