El trágico asesinato de Paul Flores, cantante principal del reconocido grupo de cumbia Armonía 10, ha puesto en evidencia una vez más la creciente inseguridad en Perú y la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades para contrarrestar el sicariato y la extorsión. Este crimen, ocurrido durante las primeras horas del estado de emergencia en Lima y Callao, ha dejado en claro que, incluso en un contexto de medidas excepcionales, la violencia sigue presente con fuerza en las calles del país. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene este gobierno?
En las primeras horas del estado de emergencia declarado en Lima, se reportaron al menos cuatro muertes a manos de sicarios. La violencia no solo ha afectado a Lima, sino que también se ha extendido a otras regiones como Trujillo y Piura, donde se han registrado crímenes similares. Por ejemplo, en las últimas horas en Trujillo, se registró el robo a balazos de S/50 mil en plena plaza de armas de la ciudad y casi en paralelo un hombre era asesinado a pocos metros del Ministerio Público de Trujillo, donde en enero delincuentes detonaron un bomba. En Piura, un sicario asesinó a un padre de familia que dejaba a su hijo en un colegio durante la semana del inicio de clases. Así de inseguro está el Perú.
LA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE
Las cifras de homicidios en Perú muestran un aumento alarmante en los últimos años, especialmente en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), durante el mandato de Martín Vizcarra, que terminó en 2020, la tasa de homicidios fue de 2,98 por cada 100,000 habitantes, con un total de 1,016 muertes. Con la llegada de Francisco Sagasti al poder, esta cifra aumentó a 4,16 asesinatos por cada 100,000 habitantes (1,419 homicidios).
Bajo el gobierno de Pedro Castillo, la cifra siguió subiendo a 4,50 por cada 100,000 habitantes (1,533 homicidios), pero fue durante el gobierno de Dina Boluarte cuando el número de homicidios se disparó exponencialmente, alcanzando 6,03 por cada 100,000 habitantes, lo que equivale a un total de 2,057 asesinatos en 2024.
A pesar de los esfuerzos del gobierno actual para controlar la situación, como el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles y la declaración de estados de emergencia en diversas regiones, las cifras siguen aumentando. A la fecha, el país ha registrado 469 homicidios adicionales, lo que agrava aún más la crisis de seguridad.
Este escenario ha reavivado las críticas hacia la falta de «mano dura» por parte de las autoridades, especialmente en lo que respecta al sicariato, un fenómeno cada vez más visible en las principales ciudades del país. La creciente violencia y los altos índices de criminalidad continúan siendo uno de los principales desafíos del gobierno de Dina Boluarte, que, aunque ha implementado algunas medidas de seguridad, aún no ha logrado reducir significativamente la tasa de homicidios.
