«Señor Ministro de Educación, usted ha olvidado que los niños de las zonas altas no contamos con internet. Cuando ustedes mandan a clases virtuales, hay padres que tienen un solo celular para dos niños, y a veces prefieren que los más grandes asistan a clase mientras los pequeños quedan fuera … La educación es primero …No es posible que algunos niños no puedan entrar a clase y ¿cómo se va a reponer que los niños no entren a clases? Porque hay padres que también se van a sus trabajos, no todos están en casa. Si a nosotros nos toca hacer trabajos virtuales ¿Qué celular va a usar el niño? No todos contamos con laptops o con computadoras. A veces tenemos un solo celular para dos niños».
Fueron las palabras de Abilia Ramos, madre de familia y presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, ante el decreto supremo n.° 110-2024-PCM, que estableció la suspensión de clases presenciales del 11 al 13 de noviembre, que empalma con días no laborables en los sectores privado y públicos desde el jueves 14 hasta el sábado 16 de noviembre. De esta manera, 2.4 millones de estudiantes de educación básica regular en Lima Metropolitana, Callao y Huaral se afectarán en su desarrollo escolar, más aún cuándo 130.000 estudiantes de Lima y Callao no tienen acceso a internet y otros no tienen dispositivos adicionales a los que usan los padres.
La medida del gobierno, que en la práctica es un paro obligatorio, busca minimizar el impacto del paro que transportistas, comerciantes y otras organizaciones sociales, han convocado para los días 13, 14 y 15 de noviembre, exigiendo la derogación de la Ley 32108 y otras en favor del crimen organizado, así como medidas efectivas contra extorsiones y sicariato. Cabe recordar que los casos de extorsión aumentaron a cerca de 20.000 en 2023, mientras que en 2021 solo se contabilizaron 4119, de acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación. En paralelo, el Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol), había registrado más de 17.000 denuncias por extorsión hasta finales de octubre. Extorsiones que en muchos casos concluyeron en homicidios, al punto que al 5 de noviembre el SINADEF había registrado 1663 homicidios, superando ya el total de 1431 homicidios reportados en todo el año pasado. Y con una tendencia en aumento: se han reportado 32 homicidios en los primeros cinco días de noviembre (6 casos diarios en promedio). Todo lo cual ha generado un clima de inseguridad de tal magnitud que hasta el presidente de China, Xi Jing Ping, decidió no ir a Chancay a inaugurar el puerto construido por y para empresas de su país.
Es decir, la indisposición gubernamental a proteger la vida de las personas ante la delincuencia en aumento, se pretende cubrir con medidas que afectan la educación, el trabajo y los ingresos de quiénes no pueden realizar trabajo remoto, para ocultar la indignación reinante a los líderes de las 16 economías que se darán cita en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).
Sin embargo, el intento de encerrar a ciudadanos y ciudadanas, como si estuviéramos ante otra pandemia -aunque el régimen actúa como un peligroso virus político – así como medidas cosméticas- inaugurar una supuesta avenida Nuevo Aeropuerto cambiando el nombre a la Avenida Santa Rosa, pintar paredes, cerrar avenidas y plazas -, no cambiará las realidades de un desgobierno en descomposición y una sociedad cada vez más dispuesta a rechazarlo. Un ejemplo esperanzador de esto último nos lo dio la directora del Nido Tía Carmela, que publicó un comunicado indicando que «bajo mi responsabilidad voy a abrir en el horario regular, los días lunes, martes y miércoles … Yo soy mamá de 7 hijos y abuela de 21 nietos y sé que significa trabajar y no tener con quien se queden los niños, tengo la seguridad que si tengo algún problema con la Ley, ustedes me defenderán porque considero que es algo justo.”
Sobre ese sentido de justicia podremos construir, tras la caída del indolente régimen actual, un nuevo orden social para un nuevo Perú.
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SOBRE EL RASTRO no se solidariza legalmente con las opiniones de nuestros columnista
