El plazo de la investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el escándalo de los Rolex y los incrementos de presupuesto a Ayacucho, concluyó el último 19 de mayo. Frente a ello, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha indicado que en los próximos días emitirá un pronunciamiento de fondo en las investigaciones contra Boluarte y otros funcionarios, sugiriendo que se presentará la acusación constitucional ante el Congreso por delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de información en declaraciones oficiales y cohecho propio e impropio. Sin embargo, es poco probable que prospere debido al apoyo político que Boluarte recibe en el Parlamento y a que los indicios actuales no serían concluyentes.
Sin embargo, se conoció que en la fiscalía se está discutiendo si forzar una ampliación del plazo o cumplir con la Ley 27399, que establece un plazo de 60 días naturales para la investigación preliminar y luego formular la denuncia constitucional correspondiente si se encuentran evidencias de delitos.
Por otro lado, el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por la desactivación del grupo especial de la Policía Nacional que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Esta investigación también tiene un plazo máximo de 60 días, hasta el 10 de julio de 2024.
Mientras tanto, los abogados de los implicados han comenzado a preparar sus argumentos. La defensa de Oscorima solicitó una audiencia de control de plazo al juez, mientras que la defensa de Boluarte pidió una audiencia de tutela de derechos, cuestionando la extracción y transcripción de información de fuente abierta realizada por la fiscalía sin su participación.
Además, el abogado Mateo Castañeda renunció a la defensa de Boluarte, argumentando que la investigación busca perjudicarla. Castañeda había sido detenido preliminarmente por supuestamente integrar una organización criminal, pero fue liberado tras afirmarse que no obstaculiza la investigación.
