Según el mapa del delito de la provincia de Trujillo, el distrito de La Esperanza, es uno de los más peligrosos de la ciudad; sin embargo, desde hace más de un año que 88 de las 121 cámaras de videovigilancia que se instalaron para combatir este problema de la inseguridad no funcionan.
Así lo reveló un reciento informe de control realizado por la Contraloría General de la República, tras una inspeccionar realizada entre el 7 y el 14 de febrero del año en curso. Según la entidad de control, apenas 33 cámaras de videovigilancia se encuentra operativas desde el inicio de la actual gestión edil.
En la Central de Monitoreo, los auditores del órgano de control constató que tan solo cuatro personas estaban a cargo de supervisar las imágenes de ocho cámaras activas, evidenciando una notable falta de capacidad para controlar las otras 25 cámaras.
Ante esta preocupante realidad, la entidad recomendó al alcalde de La Esperanza, Wilmer Sánchez Ruíz, a tomar medidas preventivas y correctivas de manera inmediata para mejorar el sistema de videovigilancia.
Falencias en materia de seguridad ciudadana
Además de los problemas en vigilancia, se han identificado deficiencias en el área de Serenazgo. El subgerente de Seguridad Ciudadana, Elmo Neptalí Príncipe Polo, indicó la carencia de un plan específico para el año 2024 que permita un patrullaje municipal adecuado, así como la ausencia de equipamiento de protección personal para los efectivos.
El informe también puso en evidencia la falta de acción por parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) durante el año 2023. Durante dicho período, no se formaron juntas vecinales de seguridad ciudadana, ni se coordinó con las secretarías técnicas de Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) y el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) para recibir asistencia técnica especializada en la lucha contra la inseguridad.
En definitiva, los resultados del trabajo en seguridad ciudadana llevado a cabo por la Municipalidad de La Esperanza han sido desfavorables hasta ahora, lo que subraya la urgente necesidad de evaluar a los funcionarios responsables de esta área.
La provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por el alto índice de inseguridad ciudadana desde el 14 de febrero. Tras cumplirse los primeros 60 días, el Ejecutivo amplió a 60 días más.
